Con el paso de los años, el incremento del conocimiento, la tecnología y las demandas sociales, han determinado un mejor conocimiento y gestión de los impactos de la actividad minera sobre el entorno, desarrollándose una amplia regulación legal. De este modo, este sector está sometido a una legislación muy exigente con especial referencia a las circunstancias que se producían en las explotaciones mineras de finales del siglo XX. Y es que, la composición de los vertidos líquidos o las emisiones de polvo o ruidos están completamente regulados, por lo que, si un proyecto extractivo se aprueba, es porque será cuidadoso con el medioambiente y con el entorno.

Si bien la legislación marco corresponde al Estado, cada comunidad tiene sus propios requisitos y ordenamientos con respecto a la minería. Además, el propio ejercicio de las actividades extractivas contempla muchos aspectos más allá de la propia extracción de los minerales. Por lo tanto, no se puede contemplar la legislación minera en un único perfil, sino que debemos ampliar el enfoque a la seguridad de los trabajadores, el control de explosivos, la transformación de materiales, el transporte y un largo etc. En esta publicación trataremos aquella regulación que concierne a la minería en general, y en futuras ediciones nos enfocaremos en cada ámbito de la minería en concreto.

Ley de minas de 1973

Es la ley actual del sector extractivo que rige nuestro país. Se trata de una regulación exigente con los problemas que se producían en las explotaciones mineras de la época, como la contaminación acústica o la restauración del entorno. Una ley que, a lo largo de los años, se ha ido adaptando y actualizando a las necesidades que nos enfrentamos en la actualidad mediante Reales Decretos. Entre ellos, destacan:

  • Real Decreto de 1978 que establece un Reglamento General para el Régimen de la Minería, que desarrolla la propia ley de minas con el objetivo marcado en la agilización de los procesos burocráticos y el perfeccionamiento de las condiciones investigadoras sobre minería.
  • Real Decreto de 1982 sobre reestructuración de espacio natural afectado por actividades mineras: para que un proyecto salga adelante, es necesario que se elabore y presente un Plan de Restructuración que garantice la rehabilitación del espacio minero.
  • Real Decreto de 1995 por el que se fijan criterios de valoración de los proyectos mineros, especificando y ampliando lo establecido en la sección A sobre derechos de explotación de la Ley de Minas.
  • Real Decreto de 2002 por el que se declaran como prioritarias las materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas para el sector industrial y su declaración a través del impuesto de sociedades.
  • Real Decreto sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras de 2009: como su nombre indica, este decreto regula los residuos resultantes de la actividad de investigación y aprovechamiento reguladas por la Ley de Minas.
  • Real Decreto 2016 por el que se establece el procedimiento para la gestión de los derechos mineros y de los derechos del dominio público afectados por la aplicación del ETRS89 (European Terrestrial Reference System) el nuevo sistema geodésico de referencia.
  • Real Decreto de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras de 2018: regula el marco jurídico para asegurar una transición justa de la minería de carbón.

Ha habido varios intentos de trámite de una nueva Ley de Minas, pero en general debido a las escasas consultas y participación del sector han sido rechazados en el Congreso por abrumadora mayoría. Cualquier actualización de una Ley de tanta trascendencia a nivel energético, industrial, tecnológico y de transición ecológica debe obligatoriamente incluir de manera profunda a expertos del ámbito académico, empresarial y profesional alejándose lo más posible del ámbito ideológico.