Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) manifiesta su plena confianza en la viabilidad jurídica de la iniciativa y que se evite la «instrumentalización ideológica» de la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) cuyo fin es proteger el paisaje superficial, no prohibir el desarrollo de recursos estratégicos en el subsuelo como en el caso del Proyecto Salave.
Frente a las afirmaciones sobre la compatibilidad del proyecto con la normativa costera, EMC recuerda que el marco legal español y la doctrina del Tribunal Supremo son claros al respecto: la actividad extractiva subterránea es plenamente compatible con las regulaciones del suelo derivadas del POLA y está reglado por la Ley de Minas.
Finalmente, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en su resolución de 20 de diciembre de 2012, formuló una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable tanto para la explotación subterránea del yacimiento de Salave como para las instalaciones auxiliares vinculadas. No se incluyó en su redacción final ninguna referencia o mención a interferencias urbanísticas o de otro tipo con el POLA. Tampoco prohibición asociada con el mismo para la explotación subterránea. Hay que tener en cuenta que la redacción del POLA no ha sufrido variaciones sustanciales desde entonces.
Jurisprudencia clara: Suelo vs. Subsuelo
Desde la dirección de la compañía se insiste en que el diseño técnico de Salave se ha realizado escrupulosamente para respetar esta distinción. Al tratarse de una explotación 100% subterránea, que no altera la superficie de la franja costera protegida ni genera impacto visual en la misma, la actividad es compatible con los objetivos de preservación del POLA actual.
EMC subraya que su proyecto se ha presentado bajo el amparo de la legislación vigente. «No podemos entrar a valorar hipótesis sobre modificaciones futuras del POLA o interpretaciones subjetivas de lo que la norma debería ser. Nos atenemos a lo que la ley dice hoy, y la ley actual, interpretada por los tribunales, permite la coexistencia de la protección litoral con una minería subterránea moderna y responsable», señala el director general de EMC, José Manuel Domínguez.
La compañía lamenta que se quiera trasladar a la opinión pública la idea de que el proyecto es ilegal basándose en una lectura equívoca e interesada de la normativa. Apelamos desde el sentido común a la seguridad jurídica y al rigor técnico.
«El Occidente de Asturias necesita inversiones que generen empleo y fijen población. Bloquear, en falso, un proyecto de esta envergadura, que cumple con todos los requisitos ambientales y legales, basándose en una interpretación sesgada del POLA, e ignorando las sentencias de los tribunales, supone hurtar a la comarca de una oportunidad histórica de desarrollo», concluye José Manuel Domínguez.
La empresa reitera su disposición a seguir tramitando el proyecto por los cauces administrativos establecidos, confiando en que los criterios técnicos y legales prevalecerán sobre los equívocos mediáticos y políticos.