Tapia de Casariego, 7 enero 2025.- La dirección de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), empresa española que promueve el desarrollo del proyecto industrial minero de Salave, tras analizar el informe emitido por el Ayuntamiento de Tapia, por el que se deniega la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de suelo agrario a minero, se muestra muy sorprendida de que no haya ningún fundamento legal en el mismo, ni valoración socio-económica del interés público ni valoración ambiental, que respalde la resolución, adoptada por mayoría en el Pleno, celebrado el pasado 29 de noviembre en el Ayuntamiento.
Conviene recordar que el suelo para el que se pide la nueva calificación de uso minero está situado detrás del polígono industrial del Cortaficio, limita con una gasolinera, con un Karting y con la autopista A-8, es decir una zona claramente conectada con la actividad industrial. Es ahí donde se propone situar las naves industriales que albergarán las instalaciones de la mina y la bocamina para explotar el yacimiento Salave. Unas concesiones mineras adjudicadas a EMC desde hace más de 40 años y que no fueron incorporadas al PGOU en 2016, cuando fue aprobado. Es importante resaltar que todos los terrenos que requieren una modificación puntual para llevar a cabo el proyecto son susceptibles de ser modificados y clasificados para uso minero, de acuerdo con el PGOU vigente actualmente, como así se reconoce en una sentencia del Supremo del 20 de enero de 2017, que sienta jurisprudencia.
Esta lamentable situación, atípica legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, se produce además en un contexto en el que el oro es considerado, por Real Decreto, “mineral prioritario” para el Estado español y que la UE presiona a los países miembros para potenciar la minería europea para no depender de terceros, que además no cumplen los estandartes medioambientales exigidos en la Unión.
La inconsistencia y falta de motivación de esta decisión, como sus consecuencias, obligan a EMC a considerar todas las opciones legales a su disposición.
Indiferencia ante el objetivo interés público del proyecto
Es importante resaltar que el Consistorio, a pesar de anunciar en el inicio de la tramitación los pasos a seguir para llevarla a cabo, ha excluido la tramitación ambiental rehusando enviar, como es preceptivo, la documentación al Principado para el inicio de la evaluación ambiental.
Para denegar la modificación, el ayuntamiento concluye que no se ha producido ninguna novedad que requiera el cambio de calificación agrícola y forestal asignada por el PGOU. Tal vez, el consistorio y sus componentes no han tomado nota de que, desde hace más de tres años, la Consejería de Transición Ecológica tramita la valoración ambiental del proyecto de explotación del yacimiento de Salave.
Sorprende además que, más allá de las opiniones personales, los servidores públicos que valoraron y tomaron esta decisión no hayan tenido en cuenta el interés público de un proyecto valorado en 3.000 millones de euros, que va a crear más de 1.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en un concejo con 3579 habitantes, que ha perdido un 17% de la población en los últimos 20 años (746 habitantes), según los datos del Instituto Nacional de Estadística, con fecha de noviembre de 2024. De acuerdo a los mismos, un 71% de los habitantes se mueve en la franja de edad de los 40 a los 85 años y un 40% son mayores de 60 años. De los 1002 vecinos afiliados a la Seguridad Social: 13 están en el régimen agrario, 31 en
el de la mar, el resto de cotizantes o están en el régimen general (532) o son autónomos (387). Todas estas actividades, obviamente, no solo no son perfectamente compatibles con el trabajo que generará el proyecto, sino que puede complementarlas y ser un tractor para ayudar a asentar población fija, no ocasional como la que crea el turismo estacional, que se concentra los dos meses en verano.
Una muestra más de esta indiferencia hacia el interés público del proyecto es que, pese a sus compromisos y declaraciones, el alcalde de Tapia se haya negado a reunirse con la empresa y a comenzar la tramitación del proyecto. Cabe recordar que la empresa retiró en noviembre de 2023 un contencioso contra el ayuntamiento, por la negativa del anterior consistorio a iniciar la tramitación, tras escuchar las declaraciones del actual regidor durante su campaña electoral (“Mi actitud como alcalde ante un proyecto para Tapia tiene que ser la de preguntarle al promotor ‘¿cómo te puedo ayudar?’ y no paralizar su idea”, afirmó entonces) y su posterior compromiso de proceder con la tramitación en los términos señalados por la ley, entendiendo así que el nuevo alcalde generaría un espacio de aproximación con los promotores. Lamentablemente, se ha vuelto a comprobar que algunos políticos ni respetan ni cumplen los compromisos que asumen.
Injustificable cambio de postura del PP local
Por otra parte, el informe municipal obvia que el primer PGOU, aprobado por el Ayuntamiento del Partido Popular, incluía como uso autorizable las concesiones mineras en vigor, como legalmente se requiere en los Planes que deben incluir las realidades y categorías existentes en ese momento dentro del concejo. Así lo recordó el regidor de Tapia de Casariego en declaraciones a medios de comunicación al finalizar el Pleno.
La compañía se pregunta que ha cambiado en el Partido Popular para tomar posiciones y actitudes tan diametralmente opuestas.
Por último, EMC lamenta, a la vista de lo ocurrido en estos años, que determinadas ideas interesadas y tendenciosas generen niveles de tensión social que impidan la libre y espontánea expresión de los vecinos y que, en definitiva, pone barreras al desarrollo de los recursos y potencial de la comunidad.